Después de siete meses de mantenerlo inactivo pese a la relevancia de su función –revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo-, al oficialismo le asaltó el apuro y convocó, para mañana, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El objetivo: ratificar, cuanto antes, el decreto que habilita al Gobierno a sellar un nuevo acuerdo para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A diferencia de los DNU anteriores de la actual gestión, cuyos tratamientos siguen demorados, a la Casa Rosada le urge dar una señal (tal vez a sugerencia del propio FMI) de que este decreto en particular cuenta con un aval político explícito. Para ello basta con que una de las dos cámaras del Congreso lo ratifique; este es el requisito mínimo que exige la ley que regula los DNU. La cámara elegida es la de Diputados; en el Senado, en cambio, el kirchnerismo –que domina el cuerpo- tiene posibilidades reales de reunir los votos su rechazo.
En la Cámara baja la oposición todavía no unificó una postura sobre qué hacer con el DNU de la deuda. El oficialismo busca aprovechar ese estado de desorden en sus rivales para apurar el dictamen en la Comisión Bicameral; señal de ese apuro fue que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no utilizó los diez días hábiles que le otorga la ley para enviar el decreto al Congreso y lo remitió ayer mismo para su tratamiento parlamentario.
El siguiente paso en esta jugada fue convocar, para mañana a las 13:30, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El objetivo del oficialismo es despachar allí mismo el dictamen y evitar, en lo posible, la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, a dar explicaciones del caso. El último paso en esta estrategia será llevar rápidamente el dictamen al recinto de la Cámara de Diputados: en el oficialismo confían que la Pro y la UCR lo apoyarán y que el resto de los bloques, aunque molestos con que el Poder Ejecutivo haya apelado a un DNU para sellar su acuerdo con el FMI, terminarán por acompañar para no quedar en la misma vereda del kirchnerismo.
La oposición se divide entre dos posturas. Los más críticos rechazan de plano el DNU por considerar que el Poder Ejecutivo avasalla una competencia propia del Congreso, consagrada en la ley de sostenibilidad de la deuda aprobada en 2022, que establece claramente que toda operación de crédito público con el FMI debe ser aprobada por ambas cámaras.
Otros bloques, como Democracia para Siempre y Encuentro Federal, sostienen que el Gobierno debería, cuanto menos informar, al Congreso sobre la “letra chica” del acuerdo, información que el Gobierno excluyó del contenido en el DNU. El decreto se limita a informar que el crédito que se contraerá con el Fondo se utilizará para cancelar una parte de la deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central (Letras Intransferibles) y que tendrá un plazo a 10 años, hasta 2035. Los pagos comenzarán a partir de mediados de 2029.
Sin embargo, para los opositores esta información contenida en el decreto es incompleta y reclaman que los funcionarios del área de Economía detallen las condiciones del acuerdo por firmarse, por caso, si este pacto implicará un endeudamiento adicional y si qué destino tendrán estos fondos frescos. Muchos sospechan que el Gobierno los utilizará para mantener planchado el tipo de cambio con motivos electorales.
“El Gobierno quiere que el Congreso convalide un decreto (DNU) que le otorga un “cheque en blanco” para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lamentamos que se siga manejando de manera opaca y caprichosa. Un acuerdo sin institucionalidad y transparencia implica seguir destruyendo la confianza que Argentina necesita para crecer”, plantearon los diputados de Democracia para Siempre, bloque que preside el radical Pablo Juliano.
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