WASHINGTON.- En lo que podría ser uno de sus casos más resonantes del año, la Corte Suprema de Estados Unidos abordó desde este jueves una de las órdenes ejecutivas más controvertidas del presidente Donald Trump en su segundo mandato: poner fin a la garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales.
Durante más de horas, los jueces de la Corte escucharon los argumentos en un caso que podría tener efectos importantes sobre el poder de los jueces federales para obstaculizar la agenda del mandatario, cuya orden firmada en su primer día tras regresar a la Casa Blanca instruyó a las agencias federales que se nieguen a reconocer la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre o madre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Según los principales medios norteamericanos, los jueces parecían divididos entre dos preocupaciones: por un lado, estaban escépticos de que los jueces de distrito individuales puedan tener el poder de congelar las acciones ejecutivas en todo el país, y, por otro, también parecían preocupados por la legalidad -y las consecuencias- de la orden ejecutiva subyacente al caso, una política que va en contra de más de 100 años de fallos de la Corte.
La administración Trump ha pedido a los jueces que reduzcan las medidas cautelares a nivel nacional para que se apliquen solo a las mujeres embarazadas, los grupos de defensa de los inmigrantes o los estados que desafiaron la prohibición, lo que los opositores al presidente afirman que entra en conflicto con la Constitución, las sentencias judiciales anteriores y la propia historia del país.
Según los documentos presentados ante el máximo tribunal, el argumento de este jueves se centró principalmente en si los jueces individuales tienen el poder de emitir las órdenes a nivel nacional que han detenido temporalmente muchas de las iniciativas de Trump, mientras continúa el litigio.
“El argumento aquí es que el presidente está violando un precedente establecido, no solo uno, sino, según mi recuento, cuatro precedentes establecidos de la Corte Suprema”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, quien sugirió que levantar o limitar las órdenes a nivel nacional invitaría a cientos, potencialmente miles, de demandas individuales.
El caso es una especie de referéndum sobre el uso de medidas cautelares a nivel nacional que han frustrado muchos de los esfuerzos de Trump para reducir drásticamente los empleos en el gobierno, detener el gasto federal y poner fin a programas de diversidad.
Desde enero pasado, la orden ejecutiva de Trump enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de estados como Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso pasó a ser clave la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tiene la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.
Los alegatos en el tribunal comenzaron poco después de las 10 (hora local), después de la publicación de al menos una opinión de un caso que la Corte ya ha visto en esta última etapa. Afuera del edificio decenas de personas se manifestaron en contra del decreto de Trump.
La Corte había anunciado en abril pasado que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva de Trump, lo que en ese momento generó una respuesta del presidente sobre la que había sido una de sus promesas de campaña. Trump afirmó que estaba “muy contento” de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido “muy malinterpretada”. Sostuvo que la 14ta Enmienda -que se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos- en realidad “trataba de la esclavitud”.
“No se trata de que lleguen turistas y toquen un poco de arena y de repente haya ciudadanía”, dijo Trump. “Todo se trata de la esclavitud”, agregó.
Durante muchos años, jueces y expertos en derecho constitucional en Estados Unidos han coincidido en que, aunque la 14ta Enmienda se añadió a la Carta Magna después de la Guerra Civil (1861-1865), no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.
Luego de que Trump firmara su controvertida orden ejecutiva, las impugnaciones legales fueron rápidas y pusieron el foco en lo que marca el texto de la 14ta Enmienda: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los defensores de la ciudadanía por derecho de nacimiento lo destacan como una “piedra angular” de lo que significa ser norteamericano, parte del “espíritu nacional” del país como un lugar abierto a todos, “independientemente de su fe, raza o credo”.
Uno de los escritos presentados ante la Corte, por parte de un grupo de defensa de los inmigrantes, argumentó que “la ciudadanía por derecho de nacimiento es el núcleo del precepto fundacional de nuestra nación de que todas las personas nacidas en nuestro suelo son creadas iguales, independientemente de su ascendencia”.
Los fiscales generales de los estados que impugnan la orden ejecutiva de Trump presentaron una nota en la que argumentaban que la Corte ya había resuelto la cuestión en el histórico caso de 1898 “Estados Unidos contra Wong Kim Ark”, en el que el tribunal consideró que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense.
El presidente y sus allegados argumentan que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense. En ese sentido, desde el gobierno han dicho que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos”, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.
El reclamo de Trump llegó a la Corte el 13 de marzo, cuando la entonces procuradora general interina, Sarah Harris, acudió al máximo tribunal con lo que calificó como una “modesta solicitud” de emergencia. Pidió que se permitiera la entrada en vigencia de la orden ejecutiva en el país de forma limitada: excluyendo a los niños nacidos en los estados de las tres demandas en las que fallaron los jueces de Washington, Massachusetts y Maryland.
Se espera que la Corte -que tiene una mayoría conservadora de seis a tres- emita un fallo antes de que finalice su mandato, a finales de junio o principios de julio.
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